La Audiencia Provincial de Valladolid ha ordenado a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) que inscriba en su Catálogo de Aguas Privadas el derecho de un agricultor de Brahojos de Medina (Valladolid) a aprovechar las aguas de un pozo que viene usando desde 1994. Así lo han dado a conocer fuentes de Agroconsultores, la consultoría que presentó el recurso ante la Audiencia Provincial y que está defendiendo las reclamaciones de un centenar de regantes ante la CHD.
La anterior titular de la finca, madre del agricultor que ha ganado el recurso, había obtenido del Ministerio de Industria la autorización correspondiente en 1976 y el sondeo ya estaba ejecutado al año siguiente.
De este modo, la resolución destaca que está “debidamente acreditado” que con anterioridad a la Ley de Aguas de 1985 “se habían obtenido las autorizaciones precisas para ejecutar el sondeo”. Esa ley establecía que el titular de cualquier derecho sobre las aguas podía mantener su derecho, siempre que se inscribiera en el catálogo de la confederación.
En los años siguientes se abrieron dos plazos para realizar esa inscripción, pero fueron numerosos agricultores los que no llegaron a hacerlo, en un proceso donde el regante “no tuvo acceso a una información adecuada sobre los pasos que debía dar y sobre cómo realizarlos”, como recuerda el abogado David Pérez, de Agroconsultores.
La decisión de la Audiencia de Valladolid anula la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 12, que el pasado marzo fallaba en contra del agricultor dando por válido el criterio de la Abogacía del Estado. Según esta, el derecho a la inscripción habría prescrito en función de lo establecido por el Código Civil, que fija un plazo general de prescripción de 30 años.
Por el contrario, la sentencia de la Audiencia, dictada el 27 de noviembre, establece el criterio contrario: que se trata de una acción meramente declarativa, que no conlleva una condena al organismo demandado (la CHD), y como tal no existe la prescripción.
La sentencia es “una gran noticia para los regantes”, celebra David Pérez, abogado de Agroconsultores (en la imagen). Esta consultoría dispone de un equipo de ingenieros y abogados que acompaña a los agricultores en el proceso de documentación y elaboración de informes técnicos previo a la demanda para poder inscribir el derecho al riego.
Al mismo tiempo, desde el sector se está a la expectativa, ante la posibilidad de que la CHD abra un nuevo proceso general de regularización de pozos, como se ha insinuado en diferentes ocasiones por parte de los responsables del organismo.